Dos hombres fueron abatidos por Policías Federales ayer en un enfrentamiento en la comunidad de Chacamerito perteneciente al municipio de Pungarabato, conocido como Ciudad Altamirano.
Se conoció que alrededor de las 6 de la tarde del martes 28 un grupo de federales patrullaba los territorios de la comunidad -ubicada a unos 20 minutos de la cabecera municipal- cuando al parecer fueron atacados por un hombres armados.
El personal de seguridad pública, supuestamente, repelió el ataque y abatieron a dos civiles cuyas identidades se desconocen.
Los hechos de sangre se registraron a unos días de que el gobernador, Ángel Aguirre Rivero anunció en el municipio de Arcelia el blindaje de la frontera de Guerrero con Michoacán, concretamente de la región que ambos estados comparten identificada como La Tierra Caliente.
Iguala, 28 de mayo.- El Ejército detuvo el pasado sábado en Teloloapan a seis agentes de la Policía Preventiva Municipal de Iguala , confirmó el síndico procurador de esta ciudad, Mario Castrejón Mota.
Los policías permanecían anoche en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en Chilpancingo.
Trascendió que los agentes fueron detenidos en Teloloapan en el contexto del ataque contra la comandancia de la policía municipal, que dejó dos agentes muertos y dos heridos.
Los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala fueron detenidos con sus armas de cargo, así como con patrullas de la corporación que al parecer no están registradas en las bases de datos del Sistema Estatal de Seguridad, de acuerdo con versiones extraoficiales.
Desde el sábado, soldados del Ejército han reforzado su presencia en el cuartel general de Iguala y el síndico Castrejón mencionó que tras las detenciones el gabinete de seguridad municipal ha sostenido reuniones con el comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, José Antonio Aranda Flores.
El responsable de la seguridad y procuración de justicia en el municipio mencionó vía telefónica que los policías están en calidad de “indiciados”.
Y no descartó que en las próximas horas pudieran ser arraigados, toda vez que ya se han cumplido más de 72 horas de las detenciones.
Castrejón Mota mencionó que el sábado pasado el ayuntamiento de Teloloapan solicitó el apoyo de la Policía Municipal de Iguala tras los ataques en los que perdieron la vida dos agentes de la localidad vecina.
A decir del edil, los policías detenidos habrían “sido requeridos” ante la “trágica situación” que se ha vivido en Teloloapan en los últimos días, para reforzar la seguridad debido a las renuncias paulatinas pero numerosas de elementos de seguridad pública del municipio de la región Norte.
Fuentes de la fiscalía de Guerrero revelaron que en el transcurso de la noche de este martes los policías detenidos se-rían trasladados a la casa de arraigos de la PGJE, ubicada en la colonia Potrerito de la capital del estado y los uniformados esperaban anoche que se resolviera su situación jurídica.
Algunos de sus familiares aseguraron que desconocen los delitos de los que se les acusa.
A pesar de que la detención de los uniformados ocurrió desde el sábado pasado cuando fueron entregados a la Procuraduría de Justicia estatal, la dependencia no ha informado oficialmente del caso.
Anoche aún no se definía su situación jurídica, aunque de manera extraoficial se informó que la dependencia había solicitado al juez que decretara un arraigo por 30 días para continuar las investigaciones.
Hay algunos que tienen que gritar para que no los pisen
Fernando Hernández
Iguala, 23 de mayo.- El nivel de la mayoría de los integrantes del cabildo es muy bajo, su conocimiento de las leyes que rigen la vida del municipio así como de las reglas de operación de los programas estatales y federales es nulo, y da pena ajena.
La tarde de este jueves se firmó una carta de intención mediante la cuál se solicita al Consejo Nacional de la Población (Conapo) la inclusión de Iguala en el Programa Tu Casa 2013, considerada la estrategia de vivienda más importante del Gobierno Federal.
Antes de firmar la mayoría de los regidores se encerraron en discusiones estériles y más de uno se curó en salud, y se lanzaron indirectas, como siempre.
Fue el ex perredista, Nicolás Guerrero quien en una de sus intervenciones solicitó que las vivienda se otorgarán a los sectores más vulnerables de Iguala, en alusión a las colonias irregulares que el representa y para curarse en salud.
En tanto que la priista, Marina Hernández dijo que las casas no deberían ser entregadas a los líderes sociales para evitar que se lucre con el programa federal.
Tanta verborrea y el ayuntamiento ni siquiera había entregado de manera formar la solicitud para el municipio fuera incluido en las listas de localidades beneficiadas.
Cuando no apoya las protestas de la Unidad Popular (UP)…. el priista figueroísta Gregorio Dante Cervantes Maldonado se pasea por el Palacio Municipal, entra y sale de las oficinas, plática con regidores a fines al PRI y en fechas recientes se le pudo ver solo muy cerca de la oficina del secretario general municipal, Humberto Villalobos. Ayer también se le vio en la sesión de cabildo, calladito y sentado en un rincón.
El malogrado priista seguramente está buscando una negociación a modo con la actual administración municipal para abandonar la lucha de la Unidad Popular, porque su más reciente estrategia de pega y dame le vale madres al gobierno de Abarca y al del estado.
Es curioso que su nombre figure dentro de la lista de los expedientes laborales a los que el Departamento Jurídico Iguala les dio respuesta en fechas recientes (Exp. 130/2013).
En esa lista también figura el nombre de Ángel Román Ramírez, priista de bajo perfil conocido como “Cartulinas”.
Cartulinas cobraba en el ayuntamiento cuando gobernaba su correligionario, Raúl Tovar Tavera y sin ninguna vergüenza demandó a la administración municipal, esto de acuerdo con el expediente 778/2012.
No cabe duda que hay quienes tienes que gritar para que no los pisen. Twitter: @hr_fer
Chilpancingo, 21 de mayo.- El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, reprobó la “detención arbitraria” que realizaron elementos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) contra seis agentes ministeriales en el municipio de Ayutla de los Libres, región Costa Chica.
“Totalmente en contra, la CRAC no puede hacer ese tipo de detenciones arbitrarias y allí hay delitos que perseguir y por lo tanto creo que hay que castigarlos. Debe aplicarse la ley”, exigió este martes en entrevista el legislador perredista.
Agregó: “Es reprobable, yo creo que es necesario que se replantee el asunto, no pueden ellos decir ‘de aquí para acá es mi territorio y ninguna autoridad legalmente establecida puede entrar’. Se imaginan si eso le dicen a los militares y a cualquier otra autoridad”.
El lunes por la mañana policías comunitarios de la CRAC detuvieron en la cabecera municipal de Ayutla al juez mixto de Primera Instancia, al ministerio público del Fuero Común y desarmaron a cuarto policías ministeriales por haber invadido su territorio.
“Reprobable, el territorio, es más la autoridad oficial, la autoridad que legalmente está facultada para detener y poner a disposición ante el Ministerio Público ante un juez penal es la ministerial”, afirmó.
Sostuvo que la Policía Investigadora Ministerial (PIM) tiene facultades legales “para transitar en todo el territorio de Guerrero”, en tanto, la Policía Comunitaria sí tiene territorios delimitados que debe respetar.
Incluso señaló que la Policía Comunitaria no tiene facultad para hacer labores de investigación y juzgar, “eso no está en ninguna ley, creo que el gobierno federal y estatal no pueden permitir esto”.
Podría haber enfrentamientos
El legislador perredista no descartó que las acciones de la CRAC deriven en enfrentamientos con los grupos policiacos legalmente reconocidos y con las fuerzas militares.
“Puede trasladar a otro tipo de enfrentamientos porque al final de cuentas la policía lleva armas y es un ser humano que también dice ‘bueno si yo soy la autoridad y me detienen a qué vengo’”, advirtió.
Aunque matizó que los elementos policiacos estatales “tendrán que ser pacientes, tendrán que ser tolerantes”. Además pidió al gobierno federal y del estado que inicien una revisión a las armas que portan los policías comunitarios.
Entonces insistió: “Creo que es necesario que se aplique la ley, creo que allí el gobierno del estado ha actuado de manera paciente y tolerante para no confrontar más pero tampoco que la CRAC abuse de esa libertad que se le ha dado”.
Cuestionado sobre el reciente encuentro entre el gobernador Ángel Aguirre Rivero y los dirigentes de la CRAC a quienes se les entregó diversos apoyos, Ortega Jiménez opinó que fue para “poder bajar la tensión pero creo que la Comunitaria debe ubicarse en el lugar que le corresponde”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jesús Martínez Garnelo, aseguró que desconoce el contenido de la denuncia que interpuso el líder de la corriente perredista Grupo Guerrero (GG), David Jiménez Rumbo, en contra del juez Jorge Andrés Osorio Vázquez ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Entrevistado después de una reunión que sostuvo con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, mencionó que la decisión de Jiménez Rumbo de quejarse ante la Codehum es “muy respetable, primero porque las consideraciones que pueda tener un justiciable ante un proceso tienen que ser respetadas”.
“Lo que yo he leído es que el licenciado David Jiménez Rumbo está inconforme ante la resolución de un juicio que me imagino que es de reparación de daño moral que interpuso el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, no sé qué promovió porque no hay una sentencia, está sujeto a un proceso, si es de reparación del daño moral pues se van a tardar un rato”, acotó.
Sobre el anuncio de Jiménez Rumbo de solicitar el inicio de un juicio político contra los magistrados Alberto López Celis, Fernando Sadot Ávila Polanco y Julio Lorenzo Jáuregui García, precisó que “no ligo la relación del por qué está haciendo esa argumentación”.
A decir del presidente del TSJ, el juicio político tendría que haber sido interpuesto ante el Congreso local motivado “por una falta grave”
La Tesorería de Iguala fue cerrada por temor a ser sujeta de un embargo debido a los adeudos que tiene la administración municipal con particulares.
Ayer un grupo de abogados que dijeron a los medios informativos se habían presentado al Ayuntamiento para “notificar sobre un requerimiento”, y recorrieron diferentes direcciones municipales con documentación en mano.
Se conoció que ayer a las 2 de la tarde la Tesorería municipal fue cerrada por instrucciones del director del Departamento Jurídico Mauro Valdez para evitar que se procediera con la notificación a las áreas financieras de la administración municipal.
Fuentes de la Secretaría General de Gobierno informaron que los abogados acudieron al Ayuntamiento obedeciendo a una “orden del Juzgado Civil” para que paguen los adeudos que del gobierno municipal que encabeza el perredista José Luis Abarca Velázquez.
Chilpancingo, 21 de mayo.- (apro).- El dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes, criticó a los gobiernos estatal y federal porque, en su opinión, las acciones emprendidas desde el año pasado para revertir los efectos de la narcoviolencia “no han sido suficientes”.
Reyes Torres calificó de “dramática” la situación que se vive en municipios como Teloloapan, Apaxtla de Castrejón y Cuetzála del Progreso.
En su página de internet APRO informó que Reyes Torres también denunció que los alcaldes están sometidos por los grupos delincuenciales que disputan a sangre y fuego esta importante zona productora y de trasiego de drogas que conecta con la región de Tierra Caliente y el Estado de México.
En entrevista, previa a una reunión del comité estatal del PRD en esta capital, sostuvo que “las cosas siguen muy mal, pues a los alcaldes no les es posible gobernar en esas condiciones y corresponde al gobierno estatal y federal dar el apoyo necesario, porque éste no ha sido suficiente”.
El dirigente estatal del PRD consideró que las autoridades federales y estatales no han realizado acciones adecuadas para inhibir a los grupos delincuenciales porque “el resultado no es lo que se espera”.
Reyes Torres recordó que desde febrero de este año los alcaldes de Apaxtla y Cuetzála, Efraín Peña Damacio y Feliciano Álvarez Mesino, respectivamente ya habían solicitado ayuda al gobierno estatal ante los graves niveles de inseguridad que se vive en la zona norte.
Este contenido fue publicado originalmente en: http://www.proceso.com.mx/?p=342597
Chilpancingo, 12 May. (Notimex).- Este lunes, más de dos mil empleados de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) retornan a sus labores, tras la entrega de las oficinas por parte de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG). Al medio día del viernes, los maestros cetegistas firmaron con las autoridades de la SEG el acta de entrega de las instalaciones. Por parte de la dependencia estatal estuvo Abraham Godínez Maldonado, secretario particular de la titular de la dependencia. El funcionario estatal informó que con la entrega de las instalaciones de manos de los integrantes de la disidencia, a partir de hoy lunes los más de dos mil trabajadores retoman sus actividades con normalidad, luego de más de dos meses de permanecer cerradas. El jueves pasado la titular de la SEG se reunió con los maestros integrantes de la dirigencia de la CETEG, en el Palacio de Gobierno, como parte del reinicio de las negociaciones con las autoridades del estado. Como consecuencia, la noche del mismo día los maestros disidentes decidieron liberar las oficinas educativas. Mientras tanto, el plantón que los docentes mantienen sobre la avenida Ruffo Figueroa y la calle Circunvalación continuará con una representación de unos 200 maestros cetegistas, aunque se anuncia que también podrían retirarse del lugar durante las próximas horas. Para el próximo 15 de mayo se anunció para la disidencia una movilización para insistir a las autoridades del estado y de la federación, el impulso de una iniciativa de ley que de marcha atrás los efectos de la reforma Constitucional en materia educativa.
Una vez más miles de antimotines llegaron a la autopista del Sol para intentar desalojar a los maestros que la tenían bloqueada. Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS/Archivo
La administración de Enrique Peña Nieto y el gobierno local de Ángel Heladio Aguirre Rivero se proponen un objetivo claro y preciso: liquidar a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria y el Movimiento Popular de Guerrero, en una primera etapa, para avanzar después en todo el país hacia la destrucción de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación, los movimientos en defensa de la naturaleza, los órganos de autogobierno indígenas y el movimiento sindical clasista.
Dicho proyecto queda evidenciado con la campaña pedestre y ridícula de una supuesta “reforma educativa”, que no aborda los objetivos y contenidos de la educación, los métodos pedagógicos, la infraestructura escolar y el rol de los maestros, los educandos, los padres de familia y la sociedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que, en cambio, constituye una reforma laboral que liquida las conquistas magisteriales logradas en la lucha del Frente Único Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, la Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, el Movimiento Revolucionario del Magisterio y la CNTE.
El asunto es sumamente grave. La llamada reforma educativa, que de estructural no tiene absolutamente nada, no sólo mantiene las limitaciones legales en materia de contratación colectiva, de organización sindical y de huelga del antiguo Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, el apartado B del Artículo 123 constitucional y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino que elimina de un plumazo los aspectos avanzados y progresivos de esos instrumentos jurídicos: la estabilidad en el empleo y la antigüedad como fuente de prestaciones. De tal tamaño es la agresión de los impulsores del neoliberalismo y de la globalización antinacional.
Semejante proyecto de la gran burguesía, los monopolios extranjeros y sus representantes políticos priistas y panistas se ve avalado y difundido por el ala neoliberal del Partido de la Revolución Democrática, que, en abierta descomposición política, suscribe el Pacto por México para privatizar la educación pública, la industria petrolera y la energía eléctrica. Los irresponsables y corruptos que han malbaratado el servicio telefónico, la siderurgia, la minería y otras ramas de la producción y los servicios, que han destruido el sistema ferroviario, la aviación nacional, la seguridad social de los trabajadores, y que están a punto de entregar las playas, los litorales y la franja fronteriza a los capitalistas norteamericanos, no sólo cuentan con el respaldo de los perredistas de derecha, sino que estos últimos son los campeones en solicitar el encarcelamiento de los dirigentes de la CNTE, así como acusarlos, sin ningún argumento válido,de estar al servicio de los “narcoguerrilleros”, invención provocadora del imperialismo norteamericano para descalificar a la oposición armada en América Latina.
En ese contexto se ubican las declaraciones del gobernador y la secretaria de Educación del estado de Guerrero, que amenazan con el esquirolaje masivo al informar que si no hay regreso a clases tienen a su disposición 800 profesores sustitutos que, naturalmente, forman filas en el ejército de desocupados creado y fortalecido durante el periodo neoliberal por los sucesivos gobiernos y el gran capital antinacional y entreguista. Además, para completar el cuadro, LayoAguirre dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública ya no dará más plazas para egresados normalistas en la patria chica de Ignacio Manuel Altamirano, pues según el gobierno federal en esta entidad ya se cubrió la demanda de profesores de educación básica, e insistió en que las órdenes de aprehensión se mantienen sin cambio alguno.
No hay rayo en cielo sereno. Es sabido por la clase política mexicana que Guerrero es un estado con graves problemas económicos y sociales, con buenas tradiciones de lucha y con organizaciones representativas de campesinos, indígenas, maestros, estudiantes y otros núcleos populares, por lo que las autoridades deben actuar con prudencia, madurez y sensatez. La imprudencia y la prepotencia no son buenas consejeras. Lo que procede es la negociación.
En vista de las declaraciones recientes de funcionarios de la administración pública, cabe concluir que el presidente de la República y el gobernador guerrerense están jugando con fuego. Lo señalado por la SEP acerca de las necesidades de maestros en la entidad suriana es, sin exageración, una vacilada. O como afirma La Jornada Guerrero: “Una lógica elemental haría pensar que ya no se necesita ni un solo maestro en Guerrero, y que todos los niños tienen garantizado su acceso a la educación.
“Sin embargo, nada hay más alejado de la realidad. Guerrero sigue siendo un estado con un alto déficit en la materia; hay comunidades donde los niños tienen que desplazarse durante horas para acudir a la escuela más cercana, porque no hay maestros que les vayan a dar clases donde ellos viven.
“En otros lugares, los niños deben tomar clases en un solo grupo aunque les corresponda otro grado escolar. La causa: no hay maestros suficientes para todos.
“En algunas escuelas, como recientemente se denunció en Tecpan, los niños se han quedado sin clases porque las maestras se embarazan y mientras gozan de la incapacidad por maternidad, no hay personal docente para sustituirlas.
“Entonces, la lógica de la Secretaría de Educación Pública no se entiende. ¿Cómo decir que en Guerrero ya no son necesarios los maestros, que ya todo está cubierto, que todos los niños tienen quién les enseñe?
“Bastaría con ver los propios reportes que deben existir en la dependencia para comprobar el absurdo de esta afirmación.
“Parece, sin embargo, que alguien en el gobierno federal tiene interés de jugar con fuego en un estado empobrecido, con altos índices de marginación, y donde históricamente la gente ha sido orillada a tomar posturas radicales como fueron los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
“¿A qué le apunta el gobierno de Enrique Peña Nieto en Guerrero? ¿Quiere hacer tronar a un estado donde la oposición partidista llevó a la coalición de izquierda a obtener la gubernatura en dos ocasiones consecutivas? ¿Es electoral el fondo de todo?”
No hay que llamarse a engaño. La situación es complicada porque el gobierno de Enrique Peña Nieto, a diferencia de los mandatarios inútiles e ignorantes del Partido Acción Nacional, ha tejido una alianza muy peligrosa con el PAN y el grupo hegemónico del PRD, al mismo tiempo que el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza desean que los tomen en cuenta y no los dejen fuera de ese frente único de neoliberales y similares. En resumen, la derecha tiende a la unidad programática y política, mientras en el campo popular reinan la falta de unión y la división. Asimismo, es menester no olvidar que en algunos grupos de la población nacional se cifran esperanzas en el retorno del PRI, debido al desastre global dejado por los gobiernos panistas ineptos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
En esas condiciones, es útil hacer caracterizaciones correctas acerca de la amplitud de las fuerzas participantes en la lucha contra la “reforma educativa” y la capacidad de actuar unitariamente en el seno de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para llevar el movimiento al alza y no permitir que algunas acciones puedan facilitar la represión por parte de los gobiernos de la Federación y el estado. No es ocioso decir e insistir en que el combate de la CETEG y la CNTE se desenvuelve en los marcos de la legalidad constitucional, que los contingentes movilizados no han cometido delito alguno y que las órdenes de aprehensión carecen de fundamento; sin embargo, no hay que olvidar que la televisión, la radio, la mayoría de los medios impresos e Internet, son capaces de confundir con su labor de desinformación a posibles aliados del magisterio, crear un clima favorable a medidas de fuerza gubernamentales y “justificar” la represión. Considerando ese marco, las reuniones sindicales y populares deben determinar los pasos a seguir, incluidos los métodos de lucha, y no dejar campo libre a elementos incontrolables que, sin proponérselo, permitan abrir las puertas a la provocación y la represión.
El juzgado primero de lo penal con sede en Chilpancingo dictó el auto de formal prisión en contra de cuatro integrantes del magisterio disidente, aunque se indica que estos podrán enfrentar su proceso en libertad a partir de que los delitos que se les imputan no son considerados como graves.
La jornada del 9 de mayo, el juez primero de lo penal, Leoncio Molina Mercado dictó el auto de formal prisión contra los profesores Genaro Guevara Hernández, Mauro Lázaro García, José Lucas Juárez Tlatempa y Cesáreo Rosendo Feliciano.
Los cuatro profesores fueron detenidos el 6 de mayo en diferentes puntos de la capital de Guerrero por elementos de la Policía Ministerial del Estado, divididos en bloques de dos fueron enviados a los penales federales de Veracruz y Tepic Nayarit.
Solo permanecieron en dichos penales durante 12 horas, ya que la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron su liberación.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) dio a conocer que los profesores eran acusados sedición, motín y daños.
Los cuatro mentores están libres y son relacionados con los hechos de violencia que se registraron en las oficinas estatales del PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano (PMC), de los que solamente el PAN y el PRI presentaron una denuncia penal por daños.
Iguala, 9 de mayo.- Nueve personas asesinadas fue el saldo de una jornada de violencia que se registró en comunidades de la zona serrana del norte de Guerrero, estado ubicado al sur de México.
Los enfrentamientos entre presuntos pistoleros al servicio del crimen organizado fueron en poblados de los municipios de Teloloapan y Apaxtla en la región Norte del estado.
Fuentes policíacas informaron que los enfrentamientos comenzaron la mañana de este jueves. El primero se reportó en la carretera Apaxtla-Teloloapan en las inmediaciones de la comunidad de Oxtotitlán en dónde dos grupos de pistoleros se enfrentaron.
Tras en el enfrentamiento fueron localizados los cuerpos de cuatro hombres calcinados, mismos que hasta este momento permanecían en calidad de no identificados.
Los cadáveres calcinados fueron localizados dentro de una camioneta Ford Pick Up Blanca con placas de circulación de estado de Guerrero en una brecha de terracería entre los poblados de Oxtitlán y Tlanipatlán.
Las fuentes consultada mencionaron que la camioneta también estaba quemada y en su interior se encontraron cinco cargadores para abastecer rifles de asalto AK-47, una pistola revólver, y chalecos antibalas.
En la escena de los hechos de sangre fueron abandonados tres vehículos: una Chevrolet Pick Up color verde metálico, un Nissan Tsuru blanco, y una Nisssn tipo Estacas color blanco.
Ejecutan a una familia
Tras los enfrentamientos en la comunidad de Oxtitlán perteneciente al municipio de Teloloapan cinco personas fueron asesinadas en la comunidad serrana de Puerto del Fresno que forma parte de las localidades de Apaxtla.
Las víctimas de la escalada de violencia que sacudió al poblado de Apaxtla fueron identificadas como: Constantino Román Ríos, de 75 años; Teodora Román Nava, de 61 años de edad; Adán Vela Villanueva, de 48 años de edad; Lorenzo Flores Estrada de 48 años; así como Lucino Eligio Salas de 38 años.
Los nueve asesinatos se registraron a pesar de que el año pasado el gobierno del estado había anunciado la implementación del Operativo Guerrero Seguro (OGS) en la región Norte de Guerrero. hernandezramos.fer@gmail.com
La presentación del Segundo Informe Regional de Resultados del gobernador Ángel Aguirre Rivero fue cambiada de sede y horario por temor a las protestas de las organizaciones sociales de la zona Norte.
La noche del pasado lunes personal adscrito a la Dirección de Comunicación Social (DCS) del gobierno del estado que labora en la región hizo llamadas a trabajadores de los medios informativos para “invitarlos” al segundo informe regional del gobernador.
Inicialmente el informe había sido programado a las 5 de la tarde de ayer en la Plaza de las Tres Garantías, mismo lugar hasta donde el gobernador fue alcanzado por manifestantes de la CETEG el pasado 30 de enero durante la ceremonia por la Instalación del Congreso Constituyente en Iguala.
Se tuvo conocimiento de que la tarde-noche del lunes integrantes de la CETEG sostuvieron una reunión privada en un lugar que no fue revelado, para delinear líneas de acción a seguir durante la visita de Aguirre Rivero.
También los integrantes de la UP que encabeza el perredista Arturo Hernández Cardona amenazaba con protestar para exigir, entre otras demandas, el cumplimiento de las órdenes de aprehensión contra Oscar Nájera Lavin, a quien se acusa de haber defraudado a cientos de indígenas nahuas del Alto Balsas de los municipios de Copalillo, y Atenango.
Tierra y Libertad, organización perredista que lidera Bernardo Cayetano, también amagaba con movilizarse durante la visita del gobernador. Amenaza que cumplió ayer en el portón principal del Salón Malumas, donde finalmente se improvisó el informe.
El personal de Comunicación Social que convocó para las 5 de la tarde de ayer, sólo notificó a algunos medios afines de los cambios en la agenda del gobernador, y omitió que el mandatario tuvo actividades previas al informe en la comunidad de Santa Teresa, en la Escuela Secundaría Jaime Torres Bodet y que encabezó el proceso de entrega de una casa a un reportero adquirida con el Programa de Vivienda para Periodistas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).
Trascendió que la decisión de cambiar la sede del informe fue tomada la noche del lunes, por lo que líderes sociales que se identifican con el mandatario operaron la movilización de personas al salón de fiestas.
El salón Malumas está considerado un salón de fiestas exclusivo, ubicado sobre la carretera que lleva hacia el pueblo de Tuxpan y rodeado por ranchos y residencias, tiene capacidad “para 700 personas sentadas”, explicó uno de los trabajadores del lugar.
Sin embargo ayer el salón tuvo un “sobrecupo” de unas 100 personas, toda vez que al informe asistieron unas 800 personas, en su mayoría traídas de las colonias populares por sus líderes, así como también personal del ayuntamiento de Iguala y muchos funcionarios del sector central.
Desde horas antes un grupo de escoltas del gobernador, trabajadores de la Delegación Regional de Transportes y policías estatales armados con rifles de alto poder interrumpieron la circulación del Bulevar Heroico Colegio Militar desde la Plaza Galerías Tamarindos hasta el salón de fiestas.
La entrada al salón fue restringida y selectiva, pues para poder acceder al salón se tenía que llevar un pase que entregaba Reyna Jaimes Domínguez, asesora en materia de educación del gobierno del estado, encargada de facto del Programa Transformemos Nuestro Entorno en la región Norte y allegada del gobernador.
Una vez que se era entregado el “pase personal” se tenía que pasar por un arco detector de metales, donde estaban dos elementos de la Policía Estatal armados con rifles de asalto.
La primera fila de los asientos del salón había sido reservada para los alcaldes de la región Norte, la segunda para la “sociedad civil” y en la tercera estarían funcionarios, pero al final no se respetó el orden y los asientos se fueron llenando conforme lo decidían funcionarios menores que suelen acompañar al gobernador en sus actos.
Afuera, en el portón principal del exclusivo salón, precaristas de diferentes colonias intentaban entrar a empujones al informe.
Los escoltas del gobernador, que se distinguían de las demás personas por sus guayaberas, dieron la orden de que se permitiera la entrada de 30 personas más.
Pero el acceso le fue prohibido a Bernardo Cayetano y su grupo que, se informó, habían protestado a la entrada del salón.
Los gritos de las personas que exigían entrar al acto a momentos se confundía con el ruido de los danzantes del Fandango Guerrerense.
Un informe de obras inconclusas y asignaturas pendientes
Después de la proyección de un video, el gobernador se levantó de su asiento y dirigió un mensaje con motivo de sus dos años al frente del gobierno del estado.
En su discurso se destacaron obras que aún se están construyendo y proyectos a desarrollar en lo que resta de su administración.
En alusión al movimiento magisterial que se opone a la reforma educativa, dijo que “no podemos perder el tiempo en más conflictos, hoy como nunca lo refrendo y lo demando, tomar el camino del progreso. Hoy como nunca se nos demanda que pongamos nuestros mejores esfuerzos para salir de este atraso”, acotó el gobernador.
Informó sobre “la iniciativa que hoy está en manos del Congreso del estado para establecer una nueva Constitución en el estado de Guerrero. (Y que) en nuestra Carta Magna incorpore nuevas figuras que hoy no están previstas en la Constitución, como es la iniciativa popular, como el referendo y la revocación de mandato”.
“Soy el primero en apoyar también la revocación del mandato (para) que en aquellos casos donde los gobernantes no estén a la altura de lo que se les demanda, sea la propia población la que en un momento dado les pueda quitar”, dijo, y se escucharon aplausos de los asistentes.
Agregó que “estamos trabajando para establecer un mando único, queremos una policía más fuerte, mejor preparada, mejor capacitada. Con Acapulco ya iniciamos, acaban de regresar elementos de la policía municipal que fueron a tener capacitación y adiestramiento por parte del Ejército Mexicano, muy pronto lo haremos también con Iguala”.
Aseguró que en materia de desarrollo urbano “estamos ejecutando grandes obras, por eso a nivel estatal invertimos mil 333 millones de pesos en materia de agua potable y drenaje. Guerrero hasta hace poco estaba en el último lugar en el monto de inversión, hoy estamos entre las cinco entidades del país para tener estos servicios vitales”.
“Cuando termine como gobernador”, se dijo esperanzado en que “hayamos crecido por lo menos 10 puntos porcentuales de la tabla que hoy nos coloca en el último y penúltimo lugar”, en lo que a los servicios de agua potable se refiere.
En lo que respecta a la región Norte mencionó algunas obras, algunas de ellas que aún no están concluidas: “Vamos a seguir realizando en el saneamiento del río San Juan (Iguala), ya hemos invertido una cantidad importante. La conclusión de la línea y equipamiento y electrificación en —el sistema de agua potable de— Huitzuco”.
También anunció la “sustitución de la línea de conducción de agua en Buenavista de Cuéllar” y “la construcción de la segunda etapa de la línea de conducción en Cocula”.
En desarrollo de infraestructura educativa destacó sólo un aspecto: “la construcción de aulas del CREN (Centro Regional de Educación Normal) de Iguala estamos a punto de concluir su edificio y le he instruido al secretario de obras —Jorge Díaz— que se abra la rehabilitación total de este centro de enseñanza”.
Abrir Guerrero a las empresas mineras trasnacionales
Casi al final de su discurso el gobernador hizo algunos apuntes sobre lo que llamó “la industria minera guerrerense”, aunque todas las labores de extracción están en manos de empresas trasnacionales.
Sostuvo que el sector minero en Guerrero brinda empleo a 13 mil 600 personas de manera directa e indirecta y que en “2012 la inversión en el sector minero ascendió a 118 millones de dólares” en el estado.
Sobre la producción de minerales enfatizó, aunque sin muchos detalles de tiempos y espacios, que en Guerrero se extrajeron “11 mil 300 kilos de oro y 70 mil kilos de plata”. Además de 5 mil 500 toneladas de cobre, 4 mil 350 toneladas de plomo y 45 mil toneladas de cinc.
“Bienvenidas todas las inversiones que se quieran hacer en materia de minería, siempre que no se atente contra los pueblos y las comunidades de nuestra entidad”, mencionó.
Y dejó ver la posibilidad de presentar ante el Congreso una iniciativa para obligar a las empresas mineras a fincar sus oficinas principales en Guerrero y de esta manera incrementar la recaudación de impuestos para el estado.
Al informe asistieron la mayoría de los alcaldes de la región Norte, el senador Sofío Ramírez Hernández; el secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, y la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica, entre otros funcionarios. Fernando Hernández/Informativo Norte Sur
El rector de la Universidad Tecnológica de la Región Norte (UTRN), Juan Adán Tavares reviró las declaraciones de los trabajadores y trabajadoras del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de Guerrero (SUSPEG) que desde el pasado lunes tomaron las instalaciones de la institución al señalar que está abierto a restablecer el diálogo con los paristas.
Mediante un comunicado de prensa el rector mencionó que “la Rectoría ha mantenido una postura de respeto pese a la serie de calumnias y difamaciones que ha habido en nuestra contra y que han sido publicadas y difundidas a través de los distintos medios de comunicación, por parte de un reducido grupo integrante de la sección 59 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG)”.
En el segundo punto del comunicado asegura que “desde días antes de la primera manifestación sindical sucedida el lunes 3 de septiembre, la Rectoría a mi mando solicitó en todo momento puentes de diálogo, buscando a través de mi persona y del director de la Administración y Finanzas -de la universidad- David Xicoténcatl Osorio, a la dirigente sindical, Rocío Noriega Guzmán quien se mantuvo en negativa haciendo caso omiso a los mensajes y llamadas telefónicas que le hicimos aduciendo que tenía que consultarlo, ‘primero con su comité’”.
En el manifiesto que también fue publicado en medios impresos locales argumenta que “durante las manifestaciones de inconformidad de la parte sindical y el bloqueo de las instalaciones que hicieron alrededor de las doce de la noche del martes 4 de septiembre. La rectoría a mi cargo desconoce de manera total un pliego petitorio de demandas, de no ser por lo que ellos mismos expresan en consignas publicadas en lonas, cartulinas, volantes y medios de comunicación, que van a acompañadas de una serie de calumnias hacia mi persona y hacia mi personal de confianza”.
En conferencia de prensa la representación del SUSPEG en la universidad coincidió en que las autoridades del gobierno del estado minimizaron los llamados que se les habían hecho sobre los problemas político-sindicales en la institución.
De acuerdo a documentación a la que tuvo acceso el reportero el primero de febrero de 2012, registraron ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje las Condiciones Generales de Trabajo con el folio 1/2012.
El 6 de junio de mediante el oficio SG/62/12 se le informó a la rectoría -por tercera vez-que se instalen las Comisiones Mixtas de Ingreso y Promoción del Personal Docente y de Escalafón. Y rechazaron el nombramiento de Profesor de Tiempo Completo de Vicente Paul Espinoza Guadarrama “ya que no fue evaluado por la comisión respectiva por lo que solicitamos que se concurse” el espacio docente..
Antes el 10 de mayo habían girado el oficio SG/50/12 a Adán Tavares en el que solicitaban cumplir con los acuerdos de las Condiciones Generales de Trabajo. En esa ocasión las solicitudes fueron “la integración” de las comisiones de “Ingreso y Promoción del Personal Académico, Mixta de Escalafón del Personal Administrativo” y “la entrega del segundo cheque , programado para la primera quincena del mes de mayo, por concepto de apoyo sindical”.
En ese documento la Sección 59 del SUSPEG solicitó al rector la inclusión “urgente” de sus agremiados: Andrés León Castrejón y Alba Román Ocampo en las comisiones mixtas destinadas a verificar el proceso de promoción y contratación del personal académico y administrativo de la universidad.
De acuerdo a los oficios proporcionados por la dirigencia sindical los últimos día de agosto los sindicalistas notificaron a altos funcionarios del gobierno del estado sobre la situación que se avecinaba para la universidad. Entre los secretarios de despacho a los que se les puso al tanto sobre la situación están: el propio gobernador, Ángel Aguirre Rivero; el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; la jefa de la Secretaría de Educación Silvia Romero Suárez; y el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Rogelio Jiménez Uriostegui.Fernando Hernández, 7 de septiembre de 2012
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó a la Contraloría General de Estado (CGE) inicie nuevos procedimientos administrativos en contra de la ex subsecretaría de la Secretaría de Salud (Ssa), Magaly Salinas Salas.
Lo anterior lo señaló el contralor Julio César Hernández Martínez ayer en conferencia de prensa en la Sala de Medios de la Universidad Tecnológica de la Región Norte (UTRN) y posteriormente en la edición vespertina del Informativo Vespertino de Canal del Valle de Iguala.
Al concluir la inauguración de un taller en el que se les explicó a alcaldes electos de la región Norte y Tierra Caliente la normatividad para la rendición de cuentas, contraloría social, así como transparencia acceso a la información pública gubernamental vigente en el estado.
Hernández Martínez explicó que los “pliegos de responsabilidad” son sobre: “varios asuntos -en los que se incluye a- Magaly (Salinas) son tres cuatro asuntos”.
“La orden de la ASF a la Contraloría es para que en un lapso de 30 días hábiles informe que es lo que va a hacer” con la ex funcionaria, explicó, “lo que vamos a hacer nosotros es iniciar un juicio administrativo” en su contra.
Hernández Martínez precisó que los ordenamientos de la fiscalía son asuntos nuevos contra la funcionaria que se suman a los procesos administrativos abiertos con anterioridad:
Estos “son otros asuntos. Ya compareció por unos temas o sea que tiene varios temas de los cuales debe rendir buenas cuentas”.
Zeferino Torreblanca comparecerá en septiembre
Sobre el avance de los procesos administrativos en contra de ex funcionarios que colaboraron en la administración del ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo mencionó que en fechas recientes compareció ante la Contraloría; Antonio Jaimes Herrera que fue el último secretario de Salud de la pasada administración.
A decir del contralor el ex secretario de Salud y ex alcalde de Iguala “ya compareció ante la Contraloría, ya aportó pruebas como todos los que comparezcan ante las autoridades”. Y agregó que otra de las ex funcionarias zeferinistas que compareció fue la propia Magaly Salinas.
Pero “hasta el momento nadie está exonerado, ni sancionado estamos nosotros cumpliendo con lo que nos marca la ley de servidores públicos, y vamos emitir la resolución administrativa en las próximas semanas”.
Sobre la comparencia del Torreblanca Galindo que estaba prevista para los últimos días de agosto precisó que “comparecerá en septiembre” por las irregularidades que se detectaron en la construcción del Centro de Atención Ciudadana (Cedac). Las inconsistencias superan los mil millones de pesos de acuerdo a declaraciones hechas con anterioridad por el contralor.
La titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Martha Elba Garzón Bernal se reunió con integrantes de la Comisión de la Verdad, quienes pidieron la apertura de archivos históricos para investigar la desaparición de por lo menos 600 personas.
El encuentro se desarrolló a petición de los integrantes de la Comisión Creada por el Congreso local en mayo del presente año.
La función de dicho cuerpo de académicos, sobrevivientes e investigadores consiste en esclarecer los asesinatos, desapariciones y tortura cometidos en el periodo conocido como la guerra sucia de los años setentas.
Tuvo una duración de 40 minutos y no hubo medios de comunicación, pues se trató de un encuentro a puerta cerrada en el que participaron los comisionados Nicómedes Fuentes García y Pilar Noriega García, así como los investigadores Alberto Guillermo López Limón, Carlos Rentería Martínez, Carlos López Martínez y Violeta Pino Girón.
El planteamiento fue concreto, que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) permita la apertura de archivos para investigar la desaparición de al menos 600 personas.
Se trata de ex guerrilleros, dirigentes sociales, militantes de izquierda y ciudadanos comunes que fueron privados de su libertad entre 1969 y 1979.
La PGJ difundió una fotografía del encuentro con un escueto pie de foto, no abundó sobre la respuesta que Garzón Bernal dio a los comisionados.
En julio de 2011, el ex procurador Alberto López Rosas anunció la destrucción de los expedientes que datan de 1976, bajo el argumento de que ya prescribieron y solo saturan el archivo de la dependencia.
No obstante, señaló que se mantendrían a salvo los documentos que pudieran tener relación con los denominados crímenes del pasado.
La precisión la hizo a partir de la inquietud que el anunció generó entre los sobrevivientes de dicha etapa de la historia reciente de Guerrero. SNI/ Chilpancingo, 22 de agosto de 2012.
Periodismo Ciudadano 